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05/04/2020

Europa y el arte de limitar la solidaridad en tiempos de crisis.

 Europa responde con titubeos, una vez más, ante la que ya es claramente la mayor crisis en la historia del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Con un impacto en lo económico todavía por cuantificar, pero que podría dejar la anterior crisis financiera en mera anécdota, y con una pandemia que arrasa a su paso ensañándose con nuestros mayores, los ministros de Economía y Finanzas esbozan, por cuarto intento, la respuesta fiscal comunitaria ante el COV19.

Pero empecemos primero por aquello que de nuevo pudo ser y parece no será: la formalización de los rebautizados como “coronabonos”, esos títulos de deuda pública a emitir conjuntamente por instituciones u organismos europeos para lograr financiación en los mercados y mutualizar los riesgos. Aunque la idea de los eurobonos -este es su nombre original- es apoyada por la Comisión y por países como Francia, Italia y España, en la práctica compartir riesgos mantiene férreos detractores entre países con sus cuentas públicas mucho más en orden, como Alemania y Países Bajos, contrarios a pagar los desajustes de las economías del sur.       

No parece así convencerles los aspectos positivos que estos títulos implican: en lo político, un mensaje de unidad y coordinación; y en lo económico, un mejor acceso a los mercados de capitales que favorezcan la liquidez, poner freno a la especulación -en la anterior crisis España se llegó a financiar a intereses del 6% - o la posible aceleración de la salida de la crisis.

En contraste, las últimas noticias apuntan a que la respuesta que se cocina en Europa llegará por partida triple. El formato estrella será la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), fondo de rescate creado en 2012 con motivo de la crisis de deuda soberana y que cuenta con 410.000 millones de euros disponibles. Desde aquí se articularían, bajo diferentes modalidades, líneas de crédito flexibles condicionadas a destinar el dinero a los costes relacionados con la pandemia, con un máximo a prestar por socio del 2% de su PIB. La línea de crédito estaría disponible durante 12 meses, prorrogable por otros seis, y los préstamos serán reembolsables hasta en 10 años. Parece que no se aplicaría la condicionalidad reforzada -Bruselas no presionaría “exigiendo cuentas”-.  

El segundo pilar de la respuesta llegaría con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dispuesto a colaborar con un nuevo Fondo de Garantías de 25.000 millones, con el que espera movilizar 200.000 millones en inversiones para respaldar préstamos del sector privado, principalmente a pymes. Bajo este paraguas también cabría la toma de participaciones en empresas en apuros. Por último, el nuevo instrumento de la Comisión para financiar, con préstamos ventajosos, los ERTES y esquemas nacionales similares destinados a evitar la destrucción temporal de empleo por el coronavirus. Estaría dotado con hasta 100.000 millones y previo aval del 25%.

El triste corolario a este “plan B” es que todavía habrá que luchar mucho por sacar adelante las medidas, teniendo en cuenta que naciones como Países Bajos o Austria defienden endurecer las condiciones de acceso al MEDE y establecer condiciones específicas para cada país. El martes que viene la directriz del Eurogrupo volverá a ser decisiva y, con una nueva cumbre europea a la vuelta de la esquina, se hace imprescindible una reacción comunitaria coordinada, contundente y solidaria, a la altura del difícil momento que nos toca vivir.

Pedro Sastre es Analista Senior de Estrategia de Mercados de Banca March 

Artículo publicado en La Vanguardia

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