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El pasado 16 de enero entraba en vigor en España el Impuesto sobre Transacciones Financieras, comúnmente conocido como “Tasa Tobin”. Poco o nada tiene que ver lo aprobado con la idea original del Premio Nobel de Economía James Tobin, que abogaba en los años 70 por la creación de un impuesto que penalizase los movimientos especulativos de divisas. El tributo ya en marcha grava la compra de acciones españolas con un valor bursátil superior a los 1.000 millones de euros, a un tipo impositivo del 0,2%. El experimento comienza con 56 títulos sometidos al tributo, incluidos en una lista que se actualizará con carácter anual. Quedan exentas, entre otras operaciones, la venta de títulos y otras transacciones ligadas al mercado primario como son la emisión de títulos o la compra vinculada a una oferta pública de venta.

Los partidarios de la implantación del impuesto afirman que se trata de una estructura bien diseñada, que acota el lado más especulativo de los mercados. Con esta tasa se busca desincentivar las ganancias de corto plazo, y el impuesto situaría las inversiones sobre activos más seguros y con un horizonte temporal mayor. El corolario sería, por lo tanto, unos mercados menos volátiles y más concentrados en los sectores más productivos de la economía.

No podemos obviar, sin embargo, que el fin último es el incremento de la recaudación. La Comisión Europa ya hablaba abiertamente de este carácter en su propuesta en la década pasada, desterrada posteriormente, de un impuesto a las transacciones financieras comunitario. La idea era el establecimiento de una vía recaudatoria al margen de los Gobiernos nacionales que pudiera ejercer de contrapeso, en época de crisis, al menor margen de maniobra de los Gobiernos y afectar lo menos posible a las economías domésticas.

Pero seamos realistas, este impuesto polémico ya existe en países europeos de peso como Italia, Francia o Reino Unido, con un resultado en cuanto a su implantación que arroja interesantes y variadas conclusiones. En el caso francés, si bien partimos de un historial muy corto, se redujo la negociación pero también la volatilidad de los títulos. En Reino Unido, la consecuencia indirecta de su existencia durante más de 200 años ha sido el desarrollo importante del mercado de derivados y el notable incremento de la actividad de trading a través del mismo. Por otro lado, no se puede obviar el fracaso de Suecia: el impuesto se implantó en 1984 para abolirse siete años más tarde, ante la huida de inversores hacia bolsas vecinas como la de Oslo y con un resultado recaudatorio muy alejado de las previsiones iniciales.

En el extremo contrario, ¿no será un impuesto que reducirá la liquidez y cuya capacidad recaudatoria quedará neutralizada por un menor crecimiento económico? Además, hay que tener en cuenta la discrecionalidad que genera ya que, al no ser universal, perjudica claramente a las compañías más representadas en un mercado concreto, generando asimetrías entre sectores y distorsionando la actividad productiva.

El tiempo dirá si el objetivo perseguido con este nuevo impuesto logra los frutos deseados en el caso español. Mientras tanto, animamos al inversor, de a pie o con un perfil más sofisticado, a hacer suya nuestra visión positiva con un estilo de inversión global en la renta variable, centrada ahora en sectores cíclicos vinculados a la cada vez más cercana gran reapertura económica y ligada, en gran medida, a la transición ecológica y sostenibilidad que están por llegar. Una apuesta que relativiza la polémica en torno al nuevo impuesto sobre nuestro querido Ibex.  

Pedro Sastre es Analista Senior de Estrategia de Mercados de Banca March

Artículo publicado en La Vanguardia