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Este pacto, cerrado en diciembre tras siete años de diálogos y 35 rondas de negociaciones, se hace ahora público con mayor detalle y supone el siguiente paso, para la Unión Europea, en el proceso de revisión, adopción y ratificación del mismo tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, en los próximos meses.

Pero revisemos el interés estratégico del acuerdo para la UE, difícil de rebatir: China es un socio comercial clave para la UE, con un mercado potencial de 1.400 millones de personas que en la pasada década contribuyó a la mitad del crecimiento global, y que en el próximo lustro supondrá un tercio de dicha cifra. La economía china es ya comparable a la europea, con un tamaño de mercado diez y cuarenta veces superior al de los años 2000 y 1990, respectivamente. Además, la UE supone para China su primer destino exportador, mientras que, para la Unión, el gigante asiático es su tercer mayor socio comercial, tras Estados Unidos y Reino Unido. Sólo en las dos últimas décadas Europa invirtió 150.000 millones de euros en China. Ahí es nada.

El acuerdo persigue lograr un reequilibrio en la asimetría actual existente en términos de acceso a mercados e inversiones entre ambos. O dicho en román paladino: China se compromete a asegurar un tratamiento más justo para las compañías europeas, permitiendo que compitan en mejores condiciones. En este sentido, el acuerdo abarca temas hasta ahora intocables para Pekín como el de sus empresas estatales, la transparencia en los criterios de ayudas públicas o la normativa en contra de la transferencia forzosa de tecnología.

Los logros aparentes son muy importantes, y para ello China realiza sobre el papel notables concesiones en manufacturas (más de la mitad de la inversión europea), con énfasis en automoción y materiales. También hay compromisos en servicios vinculados al sector financiero, investigación y desarrollo o telecomunicaciones. Los avances se alcanzarán, por ejemplo, finalizando la imposición de joint-ventures, la prohibición vigente de inversiones extranjeras en servicios en la nube y también dando por finiquitados determinados derechos de monopolio.

Pero estos argumentos favorables contrastan con algunas sombras. Se ha criticado el liderazgo negociador alemán -de largo el país europeo con mayores intereses en China- y la premura para cerrar el acuerdo en su presidencia rotatoria de la UE. Se sospecha además del cambio brusco de posición de Pekín, que podría haberse adelantado a los deseos estadounidenses de reforzar la cooperación con Europa, en su intento por controlar el ascenso chino. Por último, y no menos importante, la reciente escalada de tensiones por denuncias de violación de derechos humanos ha provocado las protestas del Parlamento Europeo y un clima de creciente rechazo al pacto.

El acuerdo de inversiones UE-China supone, en conclusión, un reflejo de la estrategia europea hacia el país asiático, calificado como socio, competidor y rival sistémico. El avance es positivo y necesario, incluyendo aspectos impensables como son el compromiso medioambiental, un mecanismo de resolución de conflictos y la eliminación de restricciones cuantitativas. A futuro, los deseos de una relación recíproca y más igualitaria dependerán, a partes iguales, de la implicación china con las reglas de libre mercado y del plácet del Parlamento Europeo, guardián del cumplimiento de la agenda social comunitarios y de los derechos humanos.

Pedro Sastre es Analista Senior de Estrategia de Mercados de Banca March

Artículo publicado en La Vanguardia